Doce de los 20 inmigrantes africanos que convivían como ‘okupas’ desde hace año ymedio en un inmueble de la avenida de Carabanchel Alto fueron arrestados ayer. La Policía Municipal, a primera hora, los detuvo por no tener ‘papeles’
P. HERRAIZ
Doce detenidos. No se sabe si por casualidad o por salir en la tele y los periódicos, pero el caso es que ayer se los llevaron. Son los inquilinos que habían ocupado un palacete en Carabanchel, un montón de inmigrantes sin papeles que llegaron a Canarias en patera.
A las 7.30 horas, mientras algunos estaban todavía en la cama, la Policía Municipal se presentó para hacer una inspección, según fuentes del Ayuntamiento de Madrid. Alguno de los cerca de 20 inmigrantes, más o menos, que vivían desde hace año y medio en este lugar ya había salido de casa (por suerte para él).
Los agentes pidieron la documentación a todos los que estaban en el palacete y finalmente se llevaron detenidos a 12. A estos los llevaron después a la Inspección de Guardia de la Brigada Provincial de Extranjería, en la avenida de los Poblados, como confirmó la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los inmigrantes, casi todos senegaleses, fueron arrestados por Infracción de la Ley de Extranjería, es decir, por no tener papeles.
Expedientes de expulsión
Fuentes policiales informaron de que se les iba a incoar un expediente de expulsión. Por otra parte, desde la Coordinadora de Inmigrantes (COIN) aseguraron ayer que dos de ellos ya estaban en libertad. Los soltaron en torno a las ocho de la tarde. Estos procedían de un centro de internamiento en Canarias en el que acabaron tras un penoso viaje en cayuco y al final acabaron en Madrid. Según COIN, a estos dos no les incoaron expediente de expulsión, aunque su situación sigue siendo irregular.
Los demás permanecían en comisaría, adonde los habían llevado «con lo puesto», según COIN. Como muchos estaban durmiendo cuando llegaron los agentes, no tuvieron ni tiempo de arreglarse.
Gamu es uno de los que se libró de la detención. Los policías municipales ya habían estado anteayer en el palacete, en la avenida de Carabanchel Alto, 52, y habían identificado a algunos. Gamu había salido muy temprano de casa para buscar trabajo y por eso no le arrestaron. Sin embargo, el plan se le había venido abajo tras la detención de sus compatriotas: «Me da miedo ir a dormir allí por si me detienen a mí también. Pero no sé dónde ir». Sin papeles y sin hablar ni palabra de español, lo tiene bastante difícil.
En el palacete destartalado quedaban ayer unos pocos inmigrantes, entre los que también hay una mujer de Sri Lanka, dos nigerianos e incluso un español. Los que quedaban ayer por allí tenían miedo de que les pasara lo mismo y tampoco querían salir en las fotos.
No hay orden judicial
Desde el Ayuntamiento afirmaron ayer que no hay ninguna orden judicial hasta la fecha que mande desalojar el inmueble, por lo que tampoco les pueden echar del palacete. De hecho, los arrestos de ayer no se debieron a que estuvieran de okupas, sino a que no tenían papeles. En COIN aseguraron que muchos de ellos acuden a los cursos que ellos imparten.
«No son delincuentes ni caraduras, sólo personas que lo han pasado muy mal y quieren buscarse la vida», explicaba Wilfredo, que pertenece a esta asociación. Allí asesoran a los inmigrantes y les ayudan a aprender español y a conocer distintos oficios.
De los africanos, muchos estaban haciendo cursos de oficiales de construcción, de fontanería o de hostelería, según Wilfredo. El mayor temor de esta asociación es que la detención de ayer conlleve una deportación de los afectados.
«Precisamente ahora querían arreglar un poco las habitaciones donde viven para que el edificio no esté tan mal», comentabaWilfredo. La verdad es que el palacete está hecho polvo, tiene goteras, desconchones, carece de puertas...
Desde la Coordinadora de Inmigrantes estaban pensando en contactar con el propietario del inmueble para arreglar la situación. Según comentaron algunos vecinos de la zona, hace ya varios años que nadie vive allí, aparte de okupas varios, inmigrantes o no.
Los dueños luchan por su mansión
Los dos hermanos propietarios dicen que han interpuesto varias denuncias
CARLOS MEDRANO
Uno de los misterios que encerraba el palacete octogenario situado en el número 52 de la avenida de Carabanchel Alto se ha visto despejado. Los vecinos de la zona llevaban un tiempo preguntándose acerca de la identidad del propietario de la mansión, que sólo tenía utilidad para la veintena de subsaharianos que la okuparon hace ya año y medio, sin preocuparse demasiado por su posible casero. Una pequeña empresa llamada Gestión y Atención del Automóvil adquirió hace ocho años el inmueble. «Los dos hermanos propietarios de la entidad se la compraron a una antigua familia. Como el área está creciendo, se consideró que era una buena inversión», explicó José Luis Manzanera, el abogado de la sociedad. Desde entonces, los nuevos dueños descubrieron que su adquisición contenía algo más que aire entre sus paredes. La compra incluía en el lote una sucesión interminable de inquilinos no deseados. «Hemos denunciado en varias ocasiones las sucesivas okupaciones», dijo Manzanera.
La primera vez que se enfrentaron al problema fue hace dos años. Entonces, constataron que había gente viviendo dentro de su edificio y lo denunciaron a la policía. «Fue sencillo, se avisó a los okupas y abandonaron la casa tranquilamente. Por desgracia, al día siguiente habían vuelto a entrar», recordó. A partir de ese momento, empezó un rosario de demandas y querellas que aún no ha concluido. Medio año después de la primera denuncia, en junio de 2006, la Policía Nacional desalojó por la fuerza el palecete, llevándose detenidos a todos los habitantes que encontró dentro. A pesar de que se pusieron fuertes candados en las puertas y se condenaron las ventanas con tablones, una semana después el inmueble volvía a tener habitantes inesperados.
«Lo volvimos a denunciar, pero el juez estimó que se trataba de un caso distinto y tuvimos que empezar de nuevo con todo el proceso», señaló Manzanera. Hasta ayer mismo, el abogado aún estaba pendiente de las resoluciones judiciales con la esperanza de que concluyeran con una orden de desalojo. «Ha llegado a darse el caso de ciertos aprovechados que cobraban 150 euros a los nuevos moradores para que estos se pudieran quedar. Afortunadamente, la policía ya acabó con eso», declaró.
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